Un señor de la lucha colombiano, cuya extradición a Estados Unidos se había retrasado durante varios meses mientras era designado negociador de paz por el gobierno antecedente del país, fue trasladado en avión a California y puesto bajo custodia de agentes federales.
Geovany Andrés Rojas enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. Durante primaveras actuó como portavoz y líder de Comandos de la Frontera, un comunidad contraria conocido por traficar cocaína en Putumayo, una provincia colombiana que limita con Ecuador y Perú.
Rojas, además conocido como “Araña” (“La Araña”), había sido protegido de la extradición por el ex presidente colombiano Gustavo Petro, quien le había pedido que participara en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.
Pero un nuevo gobierno, encabezado por el presidente conservador Abelardo de la Espriella, levantó la prohibición de extraditar a Rojas, lo que indica un cambio en la táctica de seguridad de la nación.
“No se construye la paz protegiendo a narcoterroristas como este bandido”, dijo De la Espriella el viernes, a posteriori de supervisar personalmente el traslado de Rojas a Estados Unidos. “Pido a las autoridades estadounidenses… que no pueda negociar acuerdos que dejen sus crímenes impunes”.
El Área de Probidad de Estados Unidos publicó una fotografía de Rojas flanqueado por agentes de la ley luego de ser extraditado a Estados Unidos.
Área de Probidad 
“Colombia y el Área de Probidad están eliminando a los narcoterroristas, empezando por Araña”, dijo el fiscal federal Adam Gordon en un comunicado.
Rojas fue arrestado en Bogotá en febrero de 2025 y la Corte Suprema de Colombia aprobó su extradición a Estados Unidos en octubre. Pero Petro lo suspendió, argumentando que necesitaba que Rojas participara en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y varios grupos rebeldes, incluidos Comandos de la Frontera.
De la Espriella, que fue escogido en junio, suspendió las conversaciones con los grupos rebeldes y adoptó una postura de mano dura frente a el crimen. Recientemente incluyó la militarización de una ciudad en el septentrión de Colombia, donde una manada de narcotraficantes intentó imponer un toque de queda de tres días. El líder conservador recibió el respaldo del presidente Donald Trump durante su campaña y ha dicho que trabajará estrechamente con Estados Unidos para guerrear contra el narcotráfico.
El gobierno de Colombia ha luchado por contener la violencia en las zonas rurales en los últimos primaveras, mientras las bandas de narcotraficantes y los grupos rebeldes luchan por el región descuidado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, tras su acuerdo de paz de 2016 con el gobierno.
Más de 14.000 combatientes depusieron las armas como resultado del acuerdo que puso fin a cinco décadas de lucha de guerrillas. Pero el acuerdo de paz además dejó un hueco de poder en regiones con poca presencia estatal, donde las actividades ilegales como el tráfico de cocaína son comunes. Varios grupos disidentes luchan ahora por las rutas del narcotráfico, las minas ilegales y la perjuicio en estas zonas.
Comandos de la Frontera surgió en 2017 y está dirigido en parte por excombatientes de las FARC que no se unieron al acuerdo de paz de 2016. El comunidad formó una alianza con la ordenamiento Segunda Marquetalia, comunidad fundado en 2019 por el excomandante de las FARC Luciano Marín. Pero la alianza se desmoronó hace dos primaveras, lo que dejó a Comandos de la Frontera soportar a parte negociaciones separadas con el gobierno de Colombia.
Se paciencia que Rojas haga su comparecencia original frente a el tribunal el lunes.