Por Mike Scarcella
WASHINGTON, 7 abr (Reuters) – Una estructura de historiadores estadounidenses y un peña de transparencia público están demandando al presidente Donald Trump para imponer a su delegación a cumplir con una ley de preservación de registros presidenciales posteriormente de que el Área de Honradez de Estados Unidos declarara inconstitucional la medida.
La Asociación Histórica Estadounidense y American Oversight solicitaron el lunes al tribunal federal de Washington que declarara legítimo la Ley de Registros Presidenciales de casi 50 abriles de decrepitud y que prohibiera a las agencias federales encargar en el memorando legítimo del Área de Honradez que la consideraba ilegal.
La demanda todavía solicitaba al tribunal una orden jurídico que requeriría que Trump cumpliera con la ley posteriormente de dejar el cargo.
“Este caso prostitución sobre la preservación de registros que documentan la historia de nuestra nación y sobre si el pueblo estadounidense puede obtener y estudiar de esa historia”, dice la demanda.
La Casa Blanca en un comunicado dijo: “El presidente Trump está comprometido a preservar los registros de su delegación histórica y mantendrá un riguroso software de retención de registros”.
Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, dijo en un comunicado que el Área de Honradez está “impulsando una visión amplia del poder presidencial que entregaría el control de esos registros a la Casa Blanca, una posición que la Corte Suprema ya ha rechazado”.
La Ley de Registros Presidenciales de 1978 establece reglas para la “gobierno y custodia de los registros presidenciales, incluido cuándo un presidente puede disponer de ciertos registros”. Los registros presidenciales se proporcionan a la Empresa Franquista de Archivos y Registros una vez finalizada cada delegación presidencial.
La Oficina de Consultoría Jurídica del Área de Honradez, en un memorando del 1 de abril, dijo que la ley interfiere con la “independencia y autonomía” del ejecutor, y que el presidente puede ignorarla por considerarla inconstitucional.
El memorando, firmado por T. Elliot Gaiser, el director de la oficina de consultorio legítimo designado por Trump, decía que la ley de registros “excede cualquier poder de preservación porque el Congreso no puede preservar los registros presidenciales simplemente por el correctamente de la posteridad”.
La Asociación Histórica Estadounidense y American Oversight argumentan que el memorando contradice una osadía de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1977 que confirmó una ley antedicho de preservación de registros presidenciales, y que el poder ejecutor no tiene autoridad para anular la opinión.
La demanda decía que ninguna delegación presidencial de ningún de los partidos políticos, incluida la primera delegación de Trump, había cuestionado la constitucionalidad de la ley récord desde que fue promulgada.
El caso es Asociación Histórica Estadounidense y otros contra Donald Trump y otros, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, No. 1:26-cv-01169.
Para los demandantes: Daniel Jacobson de Jacobson Lawyers Group y Loree Stark de American Oversight
Para los acusados: aún no hay comparecencias
(Reporte de Mike Scarcella)
