LIMA, Perú (AP) – Los abogados de las víctimas de abusos de los derechos humanos durante el conflicto armado de Perú prometieron apelar a los organismos internacionales el jueves para derribar una ley de gracia aprobada por el Congreso del país la confusión preliminar.
El Congreso aprobó la fuero el miércoles por la confusión para proporcionar gracia a los militares y los civiles procesados por abusos graves de los derechos humanos durante el conflicto armado del país entre 1980 y 2000.
Una coalición de organizaciones de derechos humanos dijo que la nueva ley podría eliminar 156 condenas y otros 600 casos que están siendo procesados.
Los partidarios de la ley provienen de los partidos políticos de derecha que históricamente han defendido a los militares, incluido el Partido de la Fuerza Popular dirigido por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori.
La ley ahora prórroga la batalla de la presidenta Dina Boluarte, quien puede firmarla, devolverla al Congreso con sus comentarios o dejar que se convierta en ley en dos semanas sin tocarlo. Boluarte no ha hecho ningún comentario sobre la gracia, incluso antiguamente de su paso.
Ha habido numerosos intentos en los últimos primaveras para proteger a los militares y la policía del parecer en Perú por delitos cometidos durante el conflicto. Pero los opositores a la gracia en Perú han antitético éxito antiguamente en los organismos internacionales.
Las leyes de gracia aprobadas en 1995 en Perú protegieron al personal marcial y policial del parecer por abusos de los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno del país, incluidas masacres, tortura y desapariciones forzadas.
El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ha claro al menos dos veces las leyes de gracia en Perú inválida por violar el derecho a la imparcialidad e violar los estándares internacionales de los derechos humanos.
“No solo vamos a la arena doméstico para agenciárselas su invalidación, sino que ya hemos tomado algunas medidas a nivel internacional”, dijo la abogada Deleite Cano, directora de la Asociación Pro Human de Derechos Humanos, durante una conferencia de prensa el jueves. Ella dijo que ya habían alertado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y planearon ir incluso a las Naciones Unidas.
Los defensores de los derechos humanos creen que la membresía de Perú en el sistema interamericano de derechos humanos y las obligaciones que conlleva, hace que la ley de gracia sea inconstitucional.
Fernando Rospiglioso del Partido de la Fuerza Popular, que apoya la gracia, dijo en junio que solo una pequeña fracción de los cientos de casos presentados contra soldados y policías por abusos durante el conflicto armado de 1980 a 2000 condujo a condenas.
“Muchos de ellos (el pronunciado) ya no están con nosotros, otros envejecieron en silencio sometidos a enjuiciamientos interminables”, dijo.
Una comisión de la verdad determinó que la mayoría de las víctimas del conflicto eran peruanos indígenas atrapados entre las fuerzas de seguridad y el montón insurgente de la ruta brillante. La comisión calculó que unas 70,000 personas fueron asesinadas en el conflicto.