Hay un claro ejemplo que se da a nivel nacional de incompatibilidad para ejercer un cargo en la función pública, que es el del Ministro de Energía, Juan José Aranguren. Quien fue CEO de Shell Compañía Argentina de Petroleo SA, renunció para pasar a ser parte del gabinete del Presidente Macri. En Pilar persiste la duda sobre el Secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias. Fue directivo de Alemarsa SA durante décadas y ahora la contrata para obras en el distrito. ¿Es legal? ¿Es ético?
A Aranguren se le marca que transcurrieron menos de tres años de su pase del sector privado a la función pública. Eso significa que permanece una relación de extrema confianza con la firma que lo contrataba incurriendo de ese modo en incompatibilidad para ejercer el cargo. El caso de Iglesias es parecido, cumplía funciones en Alemarsa SA hasta que Julio De Vido y José López le designaron un trabajo para la anterior gestión nacional. Y la firma se beneficio con la obra pública.
Ahora para continuar con esa estrecha relación, el marido de la actual Secretaria de Educación y futura candidata a Diputada nacional, Marcela Campagnoli, decidió ceder obras a una firma que casualmente tiene la misma dirección que Alemarsa SA. Según los datos de la AFIP, Sach S.A. está radicada en Riobamba 1236, Piso 8°, Departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para abaratar costos, hasta tienen el mismo número de teléfono.
Sach S.A. es una subsidiaria de Alemarsa S.A. en la cual intendentes de Cambiemos se están apoyando para realizar sus obras. En el final del 2016 fue la ganadora de una licitación de $30.000.000 por arreglos de calles en el distrito vecino de General Rodríguez, gobernado por el macrista Darío Kubar.
Aquí en Pilar, la firma amiga de Iglesias se hizo cargo de los trabajos en las calles Dorrego e Iparraguirre en la localidad de Presidente Derqui. Obviamente la intención es replicar por muchas más la intervención de esa sociedad anónima.
La ley 25.188, «Ley de Ética de la Función Pública», en su capítulo II, artículo 2, puntos C y D, habla de «Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular» y «No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones». ¿Estará seguro el intendente Nicolás Ducoté que su funcionario está cumpliendo con las reglamentaciones? ¿O la llegada de Iglesias al cargo tenía como objetivo «manejar» las obras públicas que iban a llegar del gobierno nacional?