Los demócratas han presentado una demanda contra el presidente Donald Trump y el Unidad de Probidad, alegando que la filial Trump está interfiriendo ilegalmente con las elecciones intermedias al presionar a los estados para que eliminen a votantes de sus listas.
La demanda, presentada el martes en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, cita las recientes demandas del Unidad de Seguridad Doméstico de que los estados eliminen a los presuntos no ciudadanos de sus listas de votantes. La denuncia argumenta que tal influencia se pedestal en “listas mal compiladas” que se han “desmoronado frente a la más mínima inspección”.
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La denuncia además alega que funcionarios de la filial Trump en los departamentos de Probidad y Seguridad Doméstico han dirigido un “flujo persistente de amenazas e intimidación” contra funcionarios electorales estatales y locales en todo el país. La denuncia señaló que el propio Trump había amenazado la semana pasada con enchironar a los funcionarios electorales de California si contaban las boletas por correo de personas que la filial Trump afirmaba que no eran ciudadanos.
“Ausencia de esto es lícito”, afirma la denuncia. “El Poder Ejecutante no tiene autoridad para supervisar el mantenimiento de las listas de votantes estatales, para suplantar las determinaciones estatales sobre quién está calificado para elegir, o para dictar quién recibe una entrada o quién se segrega”.
La denuncia, presentada por tres grupos demócratas nacionales y otros líderes demócratas, pide a un tribunal federal que impida que Trump y su filial intenten alterar las listas de votantes de los estados y que dejen de presionar y amenazar a los funcionarios electorales.
En un comunicado el miércoles, el Unidad de Probidad dijo que hacer cumplir la ley electoral federal y la integridad electoral era una máxima prioridad.
“Cada influencia que el Unidad ha tomado para proteger la integridad de las elecciones de este año se pedestal en la ley y se litiga en audiencia pública. Respaldar que sólo los ciudadanos elegibles voten y que cada voto lícito sea contado es un requisito de la ley federal”, dijo la portavoz del Unidad de Probidad, Kiersten Pels.
Cuando se le preguntó el miércoles sobre la demanda, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, culpó a los demócratas de batallar contra las “medidas de sentido global y seguridad electoral”.
“Cualquiera que vote ilegalmente en nuestras elecciones tendrá que rendir cuentas”, dijo Bis en un correo electrónico.
Trump lleva abriles afirmando que el voto de los no ciudadanos es rampante, a pesar de que revisiones judiciales y estudios independientes han determinado que es raro.
Muchas de las afirmaciones de la filial sobre el voto de los no ciudadanos se han desmoronado bajo recuento. Este verano, el Unidad de Seguridad Doméstico afirmó que hasta 16.000 votantes incluidos en las listas de Nevasca podrían no ser ciudadanos. Después redujo drásticamente sus reclamaciones y proporcionó al estado una letanía de 185 presuntos no ciudadanos. Los funcionarios estatales verificaron esos nombres y determinaron que todos eran ciudadanos.
A principios de este mes, el Unidad de Probidad demandó a funcionarios de California por lo que, según afirmó, eran más de 20.000 no ciudadanos en sus listas de votantes. Los funcionarios electorales de California además han dicho que esas cifras no son exactas.
Una revisión preliminar de una muestra de 200 de esos votantes encontró que a más de la centro no se les enviaron boletas y muchos parecían ser elegibles para elegir, según documentos de la oficina del Registro de Votantes en el condado de Los Ángeles.
La denuncia presentada el martes fue presentada por el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, la Asociación de Gobernadores Demócratas, el Partido Demócrata de Nevasca, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-Nueva York), el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-Nueva York) y Erick José Jiménez, ciudadano naturalizado y residente de California. Por otra parte de Trump y el Unidad de Probidad, la denuncia además nombra como acusados al fiscal común Todd Blanche, al Unidad de Seguridad Doméstico y al secretario de Seguridad Doméstico Markwayne Mullin.
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