Hillary Clinton cree que es obvio por qué el presidente Donald Trump y el Partido Republicano están tan ansiosos por dificultar el voto de los estadounidenses.
En una entrevista con Democracy Docket publicada el miércoles, el ex candidato presidencial aplaudió la audacia de la Corte Suprema de ratificar una ley de Mississippi que otorga un período de indulto para las boletas enviadas por correo que llegan tarde, y le dijo al presentador Marc Elias que el Partido Republicano sabe que circunscribir el paso a las boletas es “la única forma en que pueden percibir”.
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“No pueden percibir una pelea desafío, razón por la cual Trump está tan obsesionado con robar listas de votantes y purgar votantes e inventar afirmaciones ridículas sobre personas que no son elegibles como ciudadanos para sufragar”, dijo, calificando sus afirmaciones sobre el fraude electoral desenfrenado como “tan inexistentes que son ridículas”.
Clinton continuó: “Pero ese es su distracción porque no puede percibir una pelea desafío, y su Partido Republicano, que se ha convertido en una secta que sólo alega en presencia de él, no puede percibir una pelea desafío”.
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Si admisiblemente la Corte Suprema sofocó el ataque de la agencia Trump al voto por correo, el presidente y su partido todavía están trabajando en otras formas de alterar el proceso electoral.
A principios de 2025, el representante republicano de Texas, Chip Roy, presentó un esquema de ley para la Ley de pase de la elegibilidad de los votantes estadounidenses, además conocida como Ley SAVE.
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La reglamento, en gran medida polémica, requeriría que las personas presenten prueba de ciudadanía en persona para registrarse para sufragar, eliminando en gran medida el registro en dirección y por correo, encima de imponer requisitos de identificación con fotografía en las urnas.
Aunque la Ley SAVE obtuvo la aprobación de la Cámara, se estancó en el Senado, lo que obligó a Trump a ser creativo sobre cómo presionar a los legisladores para que votaran por su esquema protegido.
A fines del mes pasado, anunció que se negaba a firmar un esquema de ley de asequibilidad de vivienda respaldado por los dos partidos hasta que se aprobara la Ley SAVE.
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