En el colectivo común siempre se especula que lo nuevo es mejor y que siempre hay que dejar atrás lo antiguo. Los problemas empiezan cuando las viejas normas dejan de existir sin que ninguna nueva la reemplace para mejorarla. Pilar va en camino a ese tipo de políticas, así lo piensa el Subsecretario de Planificación Juan Pablo Caputo y de la misma manera lo avala el Intendente Nicolás Ducoté.
Hace unos días atrás, Caputo en diálogo con los colegas de Diario Resumen expresaba: «hay muchas cosas que iban quedando obsoletas o desactualizadas” sobre la reunión que mantuvo con profesionales para la modificación del Código de Edificación. Entre esas «cosas» buscarían eliminar la ordenanza que faculta al municipio a controlar la instalación y verificaciones mensuales de los ascensores colocados en lugares de acceso público. Esa legislación data del año 2000 y actualmente abarca a alrededor de 1000 máquinas en todo el territorio pilarense.
JUAN PABLO CAPUTO, SUB SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN DE PILAR.
Existen profesionales o firmas privadas que instalan y controlan a esos artefactos que llevan a ciudadanos diriamente dentro de ellos. Esos encargados deben estar registrados y habilitados en el municipio. Presentan un libro de inspecciones que de manera mensual es rubricado por la comuna. Así se certifica que se cumplan con todas las normas de seguridad
¿Por qué le molesta a Caputo que el estado cumpla con su rol de preservar la integridad física de quiénes utilizan los ascensores? Debido a los insistentes pedidos de desarrolladores inmobiliarios que le solicitaron que derogue la ordenanza, así podrán colocar sus nuevos aparatos que ni siquiera cumplan con las normas dispuestas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Estos aparatos llegaron del exterior con una tecnología que no encuadra con las disposiones del INTI y tampoco con las de Pilar. «Por ejemplo en Capital Federal no les permiten instalarlos, ni en ningún otro lugar que tengan una nornativa vigente», le manifestó a Pilar Político uno de los ingenieros locales preocupados por la posibilidad cierta de la creación de un vacío legal. Según la palabra de los conocedores del sector, el pedido de derogación de la ordenanza proviene de los empresarios del emprendimiento Ayres Vila.
«Quedate tranquilo, si te molesta, la eliminamos y listo» esa parece ser la postura del gobierno de Nicolás Ducoté antes los reclamos de los desarrolladores inmobiliarios. ¿Y la seguridad? ¿El cumplimiento de las normas? No son prioridad en un momento en el cual ¿sólo se piensa en el 2019? ¿Y en cómo recaudar para financiar la campaña para la reelección?
