Decenas de allanamientos en las dependencias municipales por la Causa Microcréditos, con la cual se acusa al Intendente Nicolás Ducoté de «Malversación de fondos públicos»; la investigación por el pago de sobreprecios por la planta depuradora del barrio Peruzzotti; la denuncia en el Juzgado Federal de Campana por la ausencia de las obras del Plan Hábitat en el barrio Monterrey; la ONG fantasma que cobró $1.000.000; las termoeléctricas; y ahora el freno a los subsidios con los cuales aspiraba a comprar las voluntades de miles de vecinos de cara al 27 de octubre. Es la larga lista de acusaciones en contra del egresado de Harvard, que parece que se irá del sillón de Rivadavia 660 y deberá atender varias causas en el futuro.
Con la Resolución de la jueza María
Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal 1 con Competencia Electoral, dictaminó “disponer orden de restricción, en forma preventiva y previa a la decisión de fondo en autos, al Sr. Intendente del partido de Pilar, Nicolás Ducoté y a su jefe de gabinete, Juan Pablo Martignone, al solo efecto de que se abstengan de disponer de fondos de la Tesorería del Municipio». De esta manera quedan frenados los programas asistenciales con los cuales la letrada cree que podría existir «vulneración
de los derechos políticos de los ciudadanos más postergados del municipio, en razón de que
podrían atentar contra su derecho de elegir libremente a las autoridades que administren el Partido del Pilar por los próximos años».
Así Ducoté suma la peor de sus acusaciones en su contra, no sólo la de arrasar con los fondos de las arcas de la Comuna sino de impedir ejercer el derecho al voto por parte de miles de vecinos de Pilar. Para la Dra. Servini de Cubría, el Intendente y Martignone podrían atentar contra la democracia en el distrito, poniéndolos en la misma posición a un gobierno de facto. Ya no sólo marcan la incompetencia de la gestión y de la administración económica del municipio, sino la libertad para elegir a las autoridades.
Como tituló Pilar Político hace unos días atrás, «Ducoté legalizó la compra de votos», Servini de Cubría hizo la misma consideración en su resolución: «la Municipalidad del Pilar dispuso, a través del dictado de cinco decretos, la situación de Emergencia Alimentaria en el distrito, con el presunto objeto de condicionar a los electores del Partido, a través de la ayuda social legalmente dispuesta, toda vez que esta se otorgaría a cambio del apoyo al actual gobierno comunal».
A tan sólo días para las elecciones generales del próximo 27 de octubre y con la larga lista de acusaciones en contra de Ducoté y compañía, parece mentira que haya ganado en el 2015 con la palabra TRANSPARENCIA como estandarte de su campaña. Con las cuentas congeladas, ¿implementará otra estrategia que no sea comprar votos? ¿O tirará la toalla para concentrarse en su defensa para seguir caminando con libertad?
